El primer consejo comunitario sobre telecomunicaciones, realizado por el presidente Uribe en Pereira el sábado pasado, reveló los contrastes que caracterizan hoy a este neurálgico sector del país.
Quedó claro que este pasa por uno de sus mejores momentos y que sus protagonistas nacionales y extranjeros están dispuestos a seguir invirtiendo en él porque tienen fe en su decidido crecimiento. Pero también se pusieron en evidencia la profunda división entre las comunicaciones tradicionales y las nuevas tecnologías -en especial las de Internet y televisión- y la ausencia de una visión de futuro que oriente su desarrollo, ajena a los avatares de la política o de los caprichos de cada gobierno.
En el horizonte cercano se vislumbra que el gran crecimiento llegará en banda ancha: acceso masivo con velocidades que permitirán la prestación de servicios como telemedicina, videoconferencia y la ya célebre Televisión IP. Estamos también a poco de contar con televisión digital e interactiva. Y más cerca aún, de la adjudicación de importantes concesiones. Pero la tecnología avanza más rápido que los entes reguladores, aunque su adopción depende de estos, lo cual hace preocupante, sobre todo, la crisis que afecta a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
La existencia de esta entidad solo se justifica si, en cumplimiento del mandato constitucional, su operación es transparente, eficaz, independiente del Ejecutivo y de la política en general, así como de los intereses privados. Pero el cuadro que presenta actualmente no podía estar más lejano de ello: cubierta de escándalos por la ineficacia en el manejo de sus dineros y, ahora, por la falta de transparencia en la elección de uno de sus miembros, y abocada a enfrentar serios desafíos en esas materias, tiene que ceder competencias y mejorar o desaparecer, para que por su causa no se cometan graves errores.
El más reciente enredo de la CNTV fue el poco transparente proceso de elección del comisionado que debe representar a las asociaciones profesionales y sindicales de actores, libretistas, directores, técnicos, productores y periodistas. Con justa razón fueron retiradas varias candidaturas, entre ellas la del conocido director Lisandro Duque, con el reclamo de que el registrador Juan Carlos Galindo no ejerció la vigilancia debida para impedir la manipulación que, según Duque, favoreció la primera elección del comisionado Fernando Álvarez y garantizaría su reelección.
Esto ocurre en vísperas de una etapa clave en la vida de la Comisión, en la cual, según anunció su nuevo miembro Ricardo Galán, se harán inversiones por 87.000 millones de pesos, se abrirá la licitación de un tercer canal nacional y se hará también la concesión de 60 nuevos canales privados.
Lo anterior plantea varios interrogantes fundamentales: ¿cómo se va a ejecutar y quién va a controlar la ejecución de semejante presupuesto? ¿Cuáles son los estudios técnicos y económicos que reflejan la positiva relación costo-beneficio de esas inversiones? ¿Con qué parámetros se contrató la banca que determinará la viabilidad de un tercer canal? ¿Por qué el mandato a esa banca se traducirá en que el resultado sea la verdad revelada?
Frente a una red obsolescente de altísimos costos de mantenimiento, como la de la TV pública, hay que analizar con sumo cuidado estos puntos. Galán, muy cercano al presidente Uribe, llega a la CNTV con una visión fresca y debería tener margen de maniobra para concretar cambios radicales, de fondo y forma, en el manejo del cuestionado organismo que hoy enfrenta los mayores desafíos de su turbulenta historia.
